En relación con el anuncio reciente de algunos Estados Partes de su decisión de retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: Argentina, Costa Rica, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, Estados Partes del Estatuto de Roma de América Latina, expresan su profundo pesar por esta decisiones.
Aunque reconocemos que es un derecho soberano de los Estados retirarse de los tratados internacionales, nos preocupa cómo estas decisiones pueden afectar negativamente el acceso de las víctimas a la justicia y las reparaciones.
Deseamos afirmar nuestra fe en el valor de la universalidad del Estatuto de Roma finalidad con la que todos estamos absolutamente comprometidos. En este sentido, nuestros países quieren expresar nuestro compromiso de continuar fortaleciendo los pasos históricos que la comunidad internacional ha tomado con el objetivo común de combatir la impunidad y ofrecer justicia penal global a las víctimas de los crímenes más graves de interés internacional.
Por lo tanto, alentamos a todos los interesados a entablar un diálogo constructivo para abordar las preocupaciones que puedan surgir, siempre en el marco del respeto absoluto a la integridad del Estatuto de Roma y a la independencia de la Corte.
Si bien la Corte Penal Internacional puede estar enfrentando nuevos desafíos, estamos seguros de que no son insalvables, y que con el apoyo y compromiso de los Estados Partes del Estatuto de Roma y otros Estados Miembros de las Naciones Unidas, continuaremos avanzando hacia un mundo en donde impere la rendición de cuentas.
En este sentido, recordamos la contribución supremo de la Corte Penal Internacional a la lucha contra la impunidad y reiteramos nuestro apoyo a todos los esfuerzos realizados por la Cortea en este sentido. De la misma manera, queremos recordar que la Corte es una institución judicial independiente, establecida por el Estatuto de Roma y que cumple su mandato de manera imparcial.
Estamos convencidos de la necesidad de preservar la integridad del Estatuto de Roma y la independencia de la Corte para que la CPI pueda continuar cumpliendo su mandato de brindar justicia contra la impunidad, así como reparaciones para las víctimas de atrocidades masivas.
Particularmente en el contexto actual, y teniendo en cuenta las urgentes situaciones que enfrenta la humanidad, nuestro grupo también desea recordar el principio de complementariedad, que afirma que los Estados tienen la responsabilidad primario de ejercer la jurisdicción y asegurar una prevención y enjuiciamiento eficaces de los crímenes cubiertos por Estatuto de Roma.
En relación con el imperativo de garantizar que todos los Estados cooperen con la Corte Penal Internacional de conformidad con sus obligaciones internacionales, exhortamos a los Estados a que sigan haciéndolo y que fortalezcan todos los esfuerzos posibles en este sentido.
Inspirados por el compromiso indisoluble a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de Roma, reafirmamos nuestro compromiso con el objetivo común de lograr paz y justicia duraderas.
