Costa Rica, un país sin ejército
La década de 1940 constituye uno de los períodos más significativos de la historia costarricense durante el siglo XX, pues ella fue el escenario de importantes reformas sociales y convulsión política. Entre los hechos más importantes se pueden mencionar, la guerra civil, la redacción de la actual constitución política y la proscripción del ejército nacional, pero más importante aún, el hecho que durante estos años se consolidan nuestras garantías sociales y se forja la identidad costarricense.
El punto culminante que marcaría el futuro rumbo de Costa Rica e impulsaría las reformas sociales antes mencionadas fue la celebración de las elecciones presidenciales de 1948. Las mismas se celebraron con la confrontación entre el Bloque de la Victoria que postulaba a Rafael Angel Calderón Guardia por segunda vez y el partido opositor, que postuló a Otilio Ulate Blanco.
Durante estos comicios ambas fracciones se lavantaron mutuamente acusaciones de fraude electoral, lo que desencadenó un grave conflicto político que aprovechó que el 2 de marzo de 1948, el bando opositor liderado por José Figueres Ferrer, con el apoyo del Gobierno de Guatemala y de un grupo de exiliados de varios países denominado La Legión del Caribe, se alzara en armas en la finca La Lucha.
El conflicto armado finalizó el 10 de abril de ese mismo año y luego de enfentamientos que trajeron consigo el aniquilamiento de lo que quedaba del Ejército Nacional, la guerra civil había dejado un saldo de 4.000 víctimas mortales, en un lapso de tan solo seis semanas.
Una vez finalizada la Guerra Civil de 1948, se conformó una Junta de Gobierno, presidida por don José Figueres Ferrer, quien gobernó por 18 meses. Este visionario político, de origen español, curtido política y militarmente y poseedor de una amplia cultura general, supo adelantarse a sus tiempos y en contra de la corriente militarista de todo el continente latinoamericano, decidió que lo mejor que podía hacer por Costa Rica era abolir las fuerzas militares y para ello, el 1 de diciembre 1948, con un mazazo simbólico en el entonces Cuartel Bellavista, hoy el Museo Nacional del país, dio por disuelto oficialmente el ejército costarricense.
No hizo falta que transcurriera mucho tiempo para que la generación de políticos de ese entonces, constituidos en la Asamblea Nacional Constituyente, elevara en 1949 a rango constitucional, mediante el artículo 12 de la Constitución Política de 1949, la abolición definitiva del ejército, lo que hizo de Costa Rica la primera república del orbe sin fuerzas armadas.
Lo que se decidió a nivel político y constitucional fue sin duda el reflejo de una arraigada convicción en el sentir popular, caracterizada por una profunda voluntad civilista del pueblo costarricense, a pesar de algunos conflictos sociales. Por ello, fueron visionarios los gobernantes de la época, pues tuvieron el suficiente tino y la osadía para lanzarse hacia el futuro sin el recurso de un ejército. Gracias a dicha determinación, el país pudo destinar una considerable parte de su presupuesto público, otrora destinado a los gastos militares, en áreas de mayor relevancia para el bienestar de su pueblo, como la educación, la salud, la paz, la cultura y más recientemente el desarrollo sostenible.
Continuando con la misma voluntad pacifista, hace 29 años, por decreto del 24 de diciembre de 1986, se declaró el 1 de diciembre de cada año como “Día de la Abolición del Ejército”, a fin de motivar un recordatorio permanente a las presentes y futuras generaciones de esa voluntad política plasmada en nuestra Constitución Política hace 67 años y que hoy día es parte inherente de nuestra cultura e identidad costarricense.
La abolición del ejército, el desarrollo de las Garantías Sociales y la adhesión a un Estado de Derecho, han tenido una repercusión determinante en el desarrollo social y económico costarricense.
Actualmente Costa Rica cuenta con un avanzado sistema educativo, donde la educación es pública, gratuita y obligatoria hasta la secundaria, lo cual ha permitido que se tenga un nivel de alfabetización del 98%, uno de los más altos de Latinoamérica; además, la atención médica universal ha permitido que el país tenga uno de los mayores índices de salud, con uno de los niveles más bajos de mortalidad infantil, y una expectativa de vida que ronda los 79 años. Lo anterior, unido a una sólida legislación laboral, con un Código de Trabajo que otorga a los asalariados costarricenses una serie de derechos que incluso son superiores a los de algunos países desarrollados, un eficiente sistema judicial y la creación de instituciones públicas como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que ha dotado al país de accesibilidad en telecomunicaciones y electrificación en el 90% del territorio nacional, han hecho, entre otras cosas, que Costa Rica sea una democracia consolidada y una economía emergente y pujante a nivel global. Pero como en la vida no faltan los conflictos y estos tienen lugar entre los países, cuando ha tenido que enfrentar agresiones externas o ha debido dirimir diferencias a nivel internacional, Costa Rica ha sido fiel a su vocación jurídica y ha recurrido siempre a los mecanismos del Derecho Internacional y de la diplomacia. Así de grande es la convicción civilista de este pequeño país.
